Gialluca cuestionó que el Gobierno nacional, representado por Luis Caputo, priorice comunicar la baja de precios mientras ignora que el INDEC mide aumentos sin reflejar el costo de vida acumulado ni los ingresos reales de los trabajadores públicos y privados.
El funcionario advirtió que la crisis del consumo y la retracción de la actividad económica forman un círculo recesivo que se retroalimenta.
La Defensoría cuestionó además a la Corte Suprema por sus fallos contradictorios sobre la Ley de Tierras Rurales, y señaló el planteo del juez Carlos Rosenkrantz sobre la falta de competencia del tribunal para dictar medidas cautelares sin pronunciamientos previos, lo que a su juicio debilita la confianza en el Poder Judicial.
El propio defensor del Pueblo desarma el relato oficial de la "inflación a la baja" al mostrar que ese dato convive con una recesión sostenida y una pérdida de ingresos reales que el Gobierno nacional prefiere no comunicar con la misma insistencia.
