Este sábado, la Federación Argentina de Municipios, encabezada por Fernando Espinoza, cuestionó con dureza la modificación del Régimen de Zonas Frías impulsada por el Gobierno nacional, al considerar que profundiza el impacto económico sobre las familias argentinas en un contexto de tarifas de servicios ya inaccesibles para buena parte de la población.
Según se informó, la medida oficial busca un ahorro fiscal de 400 millones de dólares mediante la vuelta al esquema geográfico vigente en 2002, lo que implica eliminar el beneficio automático para más de 3,3 millones de usuarios que habían sido incorporados al régimen en 2021.
En este punto, más de 500 intendentes se manifestaron en contra del ajuste y denunciaron la anulación de un derecho adquirido que permitía acceder a la calefacción en regiones donde las condiciones climáticas exigen un consumo energético mayor.
La reacción de más de 500 intendentes, de distintos signos políticos, confirmó la magnitud territorial de una medida que la Nación presenta como un ajuste fiscal de 400 millones de dólares, pero que en los hechos quita un derecho ya incorporado a 3,3 millones de usuarios.
Como este medio, lo venía señalando el Estado nacional prioriza el equilibrio de las cuentas públicas por sobre la protección de los sectores que enfrentan mayores costos de calefacción, mientras gobiernos provinciales y municipales deberán salir a contener el impacto social de esa decisión.
