Reforma Laboral y su impacto fiscal en las provincias argentinas
El proyecto del Gobierno que buscará ser aprobado en el Senado, incluye una reforma impositiva encubierta con un costo fiscal estimado de 3.187 billones de pesos, afectando significativamente las finanzas provinciales.
Especialistas y la oposición advirtieron que, bajo el pretexto de austeridad fiscal, la reforma otorgará beneficios a grandes empresas, recortará recursos estatales clave y reducirá contribuciones patronales, modificará el impuesto a las ganancias y eliminará tributos coparticipables.
Un informe de la Asociación de Empleados Fiscales e Ingresos Públicos (AEFIP) estimó que los cambios tributarios de la reforma laboral resultarán en una pérdida de recaudación anual equivalente al 1,3% del PBI, mientras que el Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas (IPYPP) señaló una transferencia de más de 5.500 millones de dólares al capital concentrado.
La provincia de Buenos Aires lideró las jurisdicciones más perjudicadas por estas medidas, seguida por Santa Fe y Córdoba, con pérdidas millonarias que impactan de manera desigual pero generalizada en las economías provinciales.
Expertos argumentaron que la formalización del empleo depende del consumo y la actividad económica, no de las leyes laborales, y que la reforma no garantiza un aumento del empleo registrado que compense las pérdidas fiscales.
El proyecto también eliminó impuestos internos coparticipables y reduce la alícuota del Impuesto a las Ganancias para sociedades, generando un desbalance en las cuentas públicas provinciales sin evidencia de beneficios laborales a corto o mediano plazo.
La reforma laboral se presentó como parte de un ajuste más amplio que combina recorte de derechos, caída de la recaudación y un traslado del costo a las provincias, profundizando la asfixia fiscal en un contexto de desplome de la actividad económica y destrucción de puestos de trabajo.
La reforma laboral presentada por el gobierno argentino parece tener un enfoque que prioriza los intereses de las grandes empresas, lo que podría acentuar la crisis fiscal en las provincias.
La falta de evidencia que respalde el aumento del empleo registrado y la reducción de recursos estatales clave plantea serias dudas sobre la efectividad de estas medidas en un contexto económico ya crítico.
Por lo tanto, la situación exige un análisis profundo y un debate más amplio sobre las implicancias de esta reforma en el bienestar de las provincias y sus habitantes.
