Privatizaron cuatro gigantes hidroeléctricos del Comahue
El Gobierno nacional cerró la venta de las joyas energéticas de la Patagonia, otorgando el control de El Chocón, Alicurá, Cerros Colorados y Piedra del Águila a consorcios privados tras rechazar ofertas simbólicas de un dólar.
El rugido del agua chocando contra el hormigón en las profundidades del Comahue tiene, desde hoy, nuevos dueños.
En un despacho oficial que huele a tinta fresca y decisiones definitivas, el ministro de Economía, Luis Caputo firmó este viernes (Resolución 2025/2025) la preadjudicación de las cuatro represas más imponentes de la Patagonia, una operación que inyectará más de 700 millones de dólares a las arcas públicas.
El mapa energético cambió de manos: Central Puerto se quedó con la joya de la corona, Piedra del Águila, por 245 millones; mientras que el mítico "Chocón" pasó a manos de un consorcio liderado por MSU Energy.
Las turbinas que alimentan de luz al país dejaron de ser un activo del Estado para convertirse en el nuevo motor de la inversión privada, en una puja donde el papel moneda finalmente pudo más que la herencia estatal.
La burocracia se trasladará este 22 de diciembre a Cipolletti, Río Negro, donde el frío de los contratos se encontrará con el calor del territorio. Allí se sellará el destino de Alicurá y Cerros Colorados, adjudicadas a Edison Inversiones y un grupo mendocino por un total que supera los 220 millones de dólares.
Atrás quedaron los intentos de algunos oferentes de quedarse con estos colosos por un precio "vil" de un solo dólar, una oferta que el Gobierno barrió de la mesa por considerarla una falta de respeto a la magnitud de las obras.
Con esta firma, el flujo de los ríos Limay y Neuquén quedó oficialmente bajo gestión privada, marcando un punto de giro en la historia energética argentina justo antes del brindis de fin de año.
Esta privatización es la puesta en práctica del pragmatismo económico de Javier Milei en su máxima expresión. Mientras que la política de años anteriores veía en estas centrales un "patrimonio estratégico" intocable, la actual gestión las visualizó como capital inmovilizado que debe ser monetizado para sostener el superávit.
La diferencia es abismal: el modelo de Milei no solo busca recaudar, sino transferir el riesgo operativo y el mantenimiento de estas moles de concreto a manos privadas, confiando en que la eficiencia del mercado hará girar las turbinas con mayor precisión que la mano estatal.
El rechazo a las ofertas de "un dólar" muestra que, aunque el Gobierno desea privatizar, no está dispuesto a "regalar" activos, buscando un precio que valide su discurso de transparencia y valor real de mercado. El desafío será garantizar que el precio de la electricidad no se dispare al mismo ritmo que las ganancias de los nuevos dueños de los ríos.
