En una sesión cargada de electricidad y simbolismo, la Cámara de Diputados rescató del naufragio los fondos para universidades y discapacidad, desafiando la arquitectura de déficit cero del Ejecutivo y abriendo una grieta en el bloque de poder oficialista.
El tablero electrónico del Congreso se iluminó con un verde esperanza que sabía a victoria agridulce. Con 123 votos contra 117, la oposición logró extirpar el "Capítulo 11" del cuerpo del Presupuesto 2026, una pieza de orfebrería técnica que pretendía dejar en penumbras a las universidades nacionales y retirar el respirador artificial a las leyes de Emergencia en Discapacidad.
En los pasillos, el olor a café frío se mezcló con el sabor metálico de la tensión, mientras el oficialismo veía cómo se desmoronaba su estrategia de "paquetes cerrados".
La maniobra de ofrecer monedas de oro para la gestión porteña y el Poder Judicial no fue suficiente para comprar el silencio de un recinto que terminó entonando "La Patria no se vende", un cántico que resonó como un trueno bajo la cúpula.
La derrota dejó un rastro de vidrios rotos en la mesa de negociaciones de la Casa Rosada. Al caer este capítulo, se desvanecieron también los acuerdos de seda que el Gobierno había tejido con Jorge Macri y la Corte Suprema, dejando las deudas de coparticipación en un limbo de incertidumbre.
La narrativa oficialista, que suele ser un bloque de granito pulido, mostró sus primeras fisuras cuando legisladores como Germán Martínez y Martín Lousteau señalaron el absurdo de borrar con el codo lo que el Congreso ya había escrito con la mano.
Ahora, el Gobierno mastica la bilis de una victoria general que, en lo particular, le ha dejado las manos atadas, obligándolo a financiar lo que el presidente Javier Milei ya había condenado al olvido en su altar de equilibrio fiscal.
El choque entre el algoritmo y el tejido humano
Esta votación es la colisión frontal entre dos mundos. Por un lado, la política de Javier Milei se percibe como una ecuación de laboratorio, un algoritmo frío y preciso que busca el déficit cero sin importar el aroma del aula o el tacto de una mano que necesita asistencia.
Para el oficialismo, el presupuesto es una hoja de cálculo donde los derechos son variables de ajuste que deben ser podadas para que el jardín financiero luzca ordenado ante el mundo.
Sin embargo, el rechazo al Capítulo 11 introdujo un elemento orgánico que el Gobierno no supo prever: el peso de la historia social. Según informes de instituciones como la UNESCO (sobre el impacto de la educación pública), la Organización Mundial de la Salud (OMS) (sobre la protección de la discapacidad) y el Banco Mundial (sobre la inversión en capital humano), desfinanciar estos sectores no es un ahorro, sino una amputación de la productividad futura.
La diferencia es clara: mientras Milei propone un Estado que se retira como una marea baja, dejando al descubierto la aridez del mercado, la oposición ha forzado un "respiro democrático" que actúa como un dique de contención. La afirmación aquí es que la legitimidad de un presupuesto no reside en su perfección contable, sino en su capacidad para no asfixiar a quienes debe proteger.
¿Y ustedes que opinan?
