El oficialismo sufrió un revés inesperado en el recinto cuando la oposición logró agrupar los votos necesarios para tumbar el artículo que pretendía derogar normativas clave de protección social y educativa.
A pesar de los intensos intentos de La Libertad Avanza por negociar apoyos de último momento, incluyendo el ofrecimiento de partidas extraordinarias para la gestión de Jorge Macri y el Poder Judicial, la mayoría parlamentaria impidió que el ajuste avanzara sobre la protección a los sectores más vulnerables.
La sesión se cargó de mística opositora con cánticos tras confirmarse que el Gobierno no podrá eliminar la actualización por inflación de la AUH ni el subsidio por zonas frías.
Esta derrota técnica para el Ejecutivo se dio en el marco de la media sanción general del Presupuesto 2026, que contó con el respaldo de bloques dialoguistas pero marcó un límite claro en el recorte de derechos.
Legisladores como Germán Martínez y Martín Lousteau señalaron la contradicción legal que implicaba votar en contra de leyes sancionadas previamente por el mismo Congreso. Con este resultado, el gobierno de Javier Milei se verá obligado a ejecutar partidas presupuestarias que había intentado desactivar sistemáticamente, enfrentando un escenario financiero más rígido de lo que su plan original contemplaba.
Este resultado representa el primer límite político contundente que el Congreso le impone a la hoja de ruta económica del oficialismo para el próximo año. La derrota en el Capítulo 11 demuestra que, en temas de alta sensibilidad social como la discapacidad y la educación pública, la capacidad de negociación basada en "cajas" (fondos para CABA o la Justicia) tiene un techo frente a la presión social.
Aunque el Gobierno celebra la aprobación general del Presupuesto, la obligación de financiar estas leyes le quita margen de maniobra para el objetivo de déficit cero extremo, obligándolo a una gestión de recursos mucho más equilibrada y supervisada por la oposición.
