El peronismo impugnó la conformación de las comisiones, argumentando que el procedimiento utilizado para tratarlas violó el reglamento y la Constitución, y anunció que llevará el caso a la Justicia.
José Mayans denunció que la conformación de las comisiones nació "torcida" y que la vicepresidenta, al afirmar su competencia, también infringió normativas, lo que invalidaría el tratamiento de la ley.
En tanto Martín Soria, del bloque peronista, reforzó la postura de impugnación, calificando el procedimiento como una vulneración "compulsiva y arbitraria" del reglamento y la Constitución, y anunció la no participación en la integración ilegal.
Patricia Bullrich desestimó las acusaciones, defendió la legalidad del proceso y, tras ser elegida presidenta de la comisión, procedió a convocar al debate de la ley para las 11 de esta mañana, a pesar de las protestas de Mayans.
Este enfrentamiento evidenció una parálisis institucional latente donde la discusión de fondo -la Reforma Laboral- queda desplazada por una batalla de procedimientos.
La estrategia del peronismo de recurrir a la Justicia buscara restarle legitimidad política y legal a una de las leyes clave del Ejecutivo.
Por otro lado, la postura inflexible de Bullrich demostró la intención del oficialismo de acelerar los tiempos legislativos a cualquier costo, asumiendo el riesgo de una futura judicialización que podría frenar la aplicación de la norma si el proceso es declarado nulo.
