Desde la Secretaría de Energía se deslizó un reciente aumento del 5% en los precios del biodiésel y el bioetanol. El número parece pequeño, casi técnico, pero una vez ajustado, pone en marcha una cascada que golpea al automovilista en el surtidor y, de forma más insólita, al jubilado en la mesa de la cocina.
Este incremento en los biocombustibles, vitales para la mezcla obligatoria con naftas y gasoil, no es solo una señal para las estaciones de servicio; es la punta de lanza de una nueva ola de costos que se conjuga, en un ritmo macabro, con el ya autorizado ajuste de la luz y el gas.
El efecto del aumento
Según el lenguaje oficial, al elevar el precio del biodiésel a $ 1.775.230 por tonelada y los bioetanoles a cerca de $ 900 por litro, la resolución busca "evitar distorsiones".
Si el biodiésel sube, el gasoil inevitablemente lo sigue. Es el precio del engranaje, y ese costo recae con la fuerza de un martillo sobre la economía del movimiento. La Argentina que viaja y produce sentirá este 5% como un grillete más pesado en sus ruedas.
El desarme de los subsidios
Lo insólito de esta noticia es que se sincroniza con el segundo frente de batalla: las tarifas domésticas. A partir de diciembre, la luz y el gas experimentarán un aumento promedio del 2,8% en todo el país.
La narrativa oficial habla de "reducción de subsidios" e incremento de costos de generación, pero para el público general, el ajuste tiene otro nombre: un agujero más grande en el ingreso fijo.
Imaginemos el sueldo de un asalariado o el haber de un jubilado no como billetes, sino como un vaso de agua. Cada aumento, el 5% del combustible, el 2,8% de la boleta de luz, el pasaje de colectivo, no es una adición, sino una gota de fuego que se evapora del vaso.
Este golpe, aunque menor en el porcentaje, resulta trascendental porque ataca a la seguridad del hogar. Un aumento en el gas y la electricidad significa que el calor para el mate o la luz para la lectura nocturna se han vuelto, de pronto, bienes de lujo.
Estos ajustes son parte de una macroeconomía que busca el equilibrio. Sin embargo, mientras la normativa establece plazos de pago rigurosos de 7 a 30 días para los productores de biocombustibles, el ciudadano de a pie no tiene prórrogas. Su plazo de pago es el mes, y su recurso, el bolsillo.
El 5% y el 2,8% son, en esencia, la sutileza letal de la inflación que no explota, sino que carcome. Diciembre, lejos de ser un mes de celebración, se configura como el inicio de un invierno económico prolongado para millones de familias argentinas.
El desafío ahora es cómo seguir moviendo las ruedas de la vida con un tanque más caro y un hogar que exige una factura más alta, sin que el ingreso se convierta en ceniza.
