¿Por qué la oposición recurre a la Corte para detener un voto que no gana desde 1995?
El caso de Formosa y la posibilidad de una nueva candidatura de su gobernador, Gildo Insfrán, ha encendido nuevamente el debate institucional en los pasillos de la Corte Suprema.
El dictamen del Procurador General, Eduardo Casal, que habilita al máximo tribunal a intervenir en la validez de la cláusula transitoria de la Constitución provincial, plantea una pregunta que trasciende lo legal: ¿Es la judicialización de la permanencia el último recurso de una oposición incapaz de vencer en las urnas desde 1995?
El punto de giro en esta narrativa no es la cláusula en sí, sino el contexto democrático que la rodea. Durante casi tres décadas, la oposición en Formosa y sus detractores a nivel nacional han competido contra Insfrán bajo las mismas reglas en elecciones libres y democráticas, sin lograr imponer una alternativa.
La permanencia ininterrumpida del Gobernador no se basó en un golpe de Estado o un ardid autoritario, sino en el respaldo sostenido que las mayorías formoseñas han revalidado elección tras elección.
Autonomía y legitimidad popular
El argumento que subyace a la defensa del oficialismo es que la cláusula transitoria subsana objeciones previas sin vulnerar el espíritu de la alternancia, pues esta se garantiza en cada elección. La permanencia de Insfrán es el resultado de un voto popular repetido, lo que dota a la reforma y a la cláusula de una profunda legitimidad democrática y autonomía provincial.
La Fiscal de Estado de Formosa, Stella Maris Zabala, al defender la constitucionalidad de la cláusula, sostuvo que la periodicidad de los cargos fue ajustada bajo derecho, comparándola incluso con el artículo 90 de la Constitución Nacional. La clave está en la interpretación: la reforma no busca la eternidad, sino resetear la cuenta dentro de las facultades autónomas de la provincia, un derecho que le asiste a cada distrito para ordenar sus instituciones.
La estrategia judicial como "Operativo Político"
El argumento de la oposición de que la cláusula atenta contra el principio republicano debe contrastarse con la realidad histórica. ¿Por qué el principio de alternancia no ha sido honrado por la oposición a través del voto? Los detractores, en lugar de construir un liderazgo competitivo, han recurrido de forma sistemática a lo que el oficialismo y muchos analistas calificaron como "operativos mediáticos y judiciales".
La estrategia ha sido consistentemente la misma: desacreditar las elecciones ganadas por el justicialismo formoseño en lugar de reflexionar sobre la falta de conexión de sus propios referentes. Este patrón sugiere que la judicialización se utiliza como una muleta institucional, un intento por ganar en los estrados lo que se pierde de manera contundente en la voluntad popular.
La diputada opositora Agostina Villaggi calificó el dictamen de Casal como "interesante y que genera expectativa". Este entusiasmo, sin embargo, desnuda el hecho de que la esperanza de la oposición reside en una decisión de la Corte y no en el pulso de la sociedad formoseña. Es la cesión del poder político al poder judicial.
El veredicto de la historia
La decisión final de la Corte Suprema no solo versará sobre un artículo, sino sobre la supremacía de la autonomía provincial y el respeto a un proceso democrático que, a pesar de su longevidad, se ha mantenido incuestionablemente libre. La reelección indefinida fue proscrita, y el oficialismo provincial se ajustó; lo que se debate ahora es la potestad de la provincia de reorganizar su cronograma interno para una nueva postulación.
El periodismo ya ha alertado sobre la filtración sorpresiva del dictamen de Casal, antes de su publicación oficial, un hecho que la Fiscal Zabala tildó de llamativo. Este detalle, sutilmente, hace ver la presión externa y el interés mediático en inclinar la balanza.
La realidad es que, mientras la Corte delibera, el mensaje "Gildo 2027-2031" ya está pintado en las calles, marcando un ritmo político que solo se detendrá si el máximo tribunal decide ignorar el veredicto histórico de las urnas. La conclusión es implícita: si la alternancia es un imperativo republicano, la oposición tiene el deber de conseguirla votando, y no a través de un fallo judicial que, al fin y al cabo, corre el riesgo de ser percibido por el pueblo formoseño como una intervención externa que ignora su soberanía.
¿Ustedes qué opinan?
