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Blindar el conurbano del “Ajuste”




Opinión  |  04-11-2025  

Por: Lic. en Comunicación Social y Periodismo Adrián Pérez

El gobernador Axel Kicillof presentó su "triplete" económico para 2026, el Presupuesto de $ 43 billones, la Ley Fiscal y la Ley de Financiamiento, pero lo que realmente colocó sobre la mesa fue un Ultimátum disfrazado de necesidad.

 

El aire denso del salón Dorado de la Casa de Gobierno cargaba la misma urgencia de una alarma de incendio: un ministro provincial, sin velos, lo resumió con una frase que ya es un epitafio político: "Votan o morimos".

 

El telón de fondo de este despliegue de cifras no es otro que una economía nacional que, según el ministro Pablo López, ha sido empujada a una "situación realmente grave".

 

La metáfora visual que dibuja el Gobierno provincial es elocuente: la caída del 10% en el sector industrial, el 25% en la construcción y el 8% en el comercio no son solo estadísticas, sino los muros que se caen de un edificio productivo. Esto ha arrastrado a la economía bonaerense a una "recesión" de 6 puntos, un cáncer silencioso que amenaza con devorar el tejido social.

 

Frente a esta "situación de emergencia", el Presupuesto 2026 se diseñó como un dique de contención. Kicillof busca blindar a los 17 millones de bonaerenses del "ajuste sierra" del Gobierno central, destinando $ 3,2 billones a la inversión de capital.

 

La obra pública, el tradicional motor peronista, no es vista como un gasto, sino como un salvavidas imprescindible que mantendrá la cabeza del empleo fuera del agua. Se trata de un ejercicio político de "hacer ver" que la Provincia aún puede construir escuelas ($ 1,3 billones), mejorar rutas y, crucialmente, sostener el Servicio Alimentario Escolar ($ 1,7 billones) mientras, simultáneamente, se lamenta el "federalismo herido" por la exclusión en las mesas de negociación nacionales.

 

La caja de pandora

 

El elemento insólito y trascendental del paquete no reside en los $ 43 billones totales, sino en la llave que abre su concreción: la solicitud de un endeudamiento de más de $ 3.000 millones de dólares.

Este pedido de deuda es la moneda de cambio definitiva, y se ata al vital Fondo de Fortalecimiento de la Inversión Municipal. ¿Por qué es trascendental esto? Porque transforma la discusión de una cuestión técnica a una de supervivencia municipal.

 

El ministro Carlos Bianco, con la experiencia del fuego cruzado, lo planteó de forma directa: los intendentes opositores, atrapados en la crisis y sin recursos para pagar sueldos y aguinaldos, deberán elegir entre sus lealtades partidarias y el auxilio económico.

 

La narrativa visual se completa cuando se revela lo que está en juego: la negociación de cargos vacantes en la Suprema Corte, el Banco Provincia y el Tribunal de Cuentas. La discusión de la Ley de Leyes se convierte así en un partido de ajedrez donde las piezas de la obra pública y la ayuda social se sacrifican o salvan a cambio de las fichas de poder judicial y financiero.

 

La trascendente definición

 

El Gobernador al unificar la Ley de Financiamiento con la "Ley Corta" de 2025, no solo aumenta la cifra de endeudamiento a aprobar, sino que aprieta el cuello de botella de la Legislatura.

La crisis económica ha creado un escenario de fragilidad extrema donde la política ya no es un debate de matices, sino una decisión binaria. El mensaje es claro, aunque implícito: la Provincia ha desplegado su escudo ($ 43 billones) y su espada ($ 3.000 millones en deuda) para defender a sus municipios del huracán macroeconómico.

 

Ahora, el destino de la obra pública, la ayuda social y, sí, el poder judicial, cuelga del voto de un puñado de legisladores. Es la hora de la verdad, y el tiempo, al igual que los plazos de la actual composición legislativa, se agota.


 







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