El gobierno del presidente Javier Milei ha hecho de la austeridad una bandera innegociable y, en el camino, ha revelado la verdadera naturaleza de su proyecto: “el desguace del Estado y el sometimiento de la voluntad popular a la doctrina del Fondo Monetario Internacional (FMI)”.
La evidencia más palpable de esta afirmación no está en los discursos, sino en la implacable racha de vetos presidenciales que han sepultado leyes clave para el pueblo argentino. La estrategia es clara: blindar el ajuste a cualquier precio, sin importar el sufrimiento que cause.
La reciente sesión en la Cámara de Diputados no fue un simple debate legislativo; fue la demostración de un poder que prefiere la imposición al consenso. El intento de declarar la emergencia en discapacidad todavía trunco por el veto presidencial está presente, y la esperanza de miles de familias se fortifica en la necesidad de los dos tercios del Senado que, se sabe, serán cruciales para lograr el objetivo.
Más doloroso aún fue el veto al aumento para los jubilados, una medida de justicia mínima que buscaba mitigar el hambre y la pobreza de quienes dedicaron su vida a construir este país. Esa ley, un simple bálsamo, fue desechada como si fuera un capricho fiscal, y sus promotores en el oficialismo se encargaron de presionar a los gobernadores, como un verdadero mapa del tesoro de la política, para que sus diputados dijeran "no".
El accionar de la Casa Rosada no fue casualidad. Con cada veto, se confirma que el único objetivo es cumplir con la receta exigida por el FMI y los grandes grupos de poder, aquellos que ven en la crisis una oportunidad para comprar a precio de remate los activos del Estado y las empresas públicas. Es un plan que sacrifica a los más vulnerables en el altar de la especulación financiera.
Las leyes para la reconstrucción de Bahía Blanca tras una devastadora tormenta o la moratoria previsional que daría dignidad a miles de personas que no llegaron a aportar, son solo daños colaterales en la marcha de esta locomotora que no frena.
La cifra es lapidaria: el presidente Milei ha vetado más leyes en pocos meses que las que anularon, juntas, los gobiernos de Cristina Fernández de Kirchner y Mauricio Macri. Esta tendencia no es un acto de Gobierno, es una declaración de guerra al Congreso, a la división de poderes y, en última instancia, a la voluntad del pueblo que se expresa a través de sus representantes.
Los gobernadores, atrapados en esta red de presiones, solo han conseguido un pequeño triunfo con la Ley de coparticipación de los ATN, una concesión mínima que no disimula la falta de autonomía frente al poder central.
El ajuste es real, el desguace es tangible, y la afirmación inicial se confirma con cada veto: este Gobierno no busca el bienestar de la gente, sino la obediencia a un plan económico impuesto desde afuera, sin importar el costo humano.
Los vetos no son un simple desacuerdo legislativo; son la herramienta de un Ejecutivo que utiliza su poder para someter a la nación a la más cruda austeridad, mientras el pueblo, la verdadera víctima, ve cómo sus derechos se desvanecen en el aire. Sin dudas, es el gobierno de los vetos, el de la austeridad cruel.
¿Ustedes qué opinan?
