¿Justicia o venganza? ¿Avance institucional o retroceso democrático? Tras la ratificación de la condena a Cristina Kirchner por la Corte Suprema en la causa Vialidad, Argentina se volvió a dividir. Mientras algunos festejan como si hubieran ganado una elección, otros denuncian un nuevo golpe judicial al peronismo. Pero detrás del discurso oficialista late un esquema histórico de persecución política que pone en jaque la madurez democrática del país.
El fallo de la Corte Suprema que confirmó la condena a Cristina Fernández de Kirchner en la causa Vialidad no solo marcó un antes y un después en su vida judicial, sino también un cambio significativo en la percepción pública sobre el rol del Poder Judicial en Argentina. Lo que para algunos sectores representa un triunfo de la justicia y la transparencia, para otros simboliza un nuevo episodio de uso político del aparato judicial contra las figuras más representativas del peronismo.
Mientras los gobernadores del frente Unión por la Patria (UP) expresaron su rechazo contundente al fallo, calificándolo como una “persecución política” y una “proscripción encubierta”, el oficialismo nacional celebró públicamente el veredicto. El contraste entre ambas posturas no solo evidencia una profunda grieta ideológica, sino también una tendencia histórica que parece repetirse en los distintos ciclos políticos del país.
Del apoyo contundente al silencio estratégico
Gobernadores como Axel Kicillof (Buenos Aires), Gustavo Melella (Tierra del Fuego), Gildo Insfrán (Formosa), Raúl Jalil (Catamarca) Osvaldo Jaldo (Tucumán) y Sergio Ziliotto (La Pampa) emitieron comunicados oficiales donde responsabilizaron al Poder Judicial de politizar su función. La consigna fue clara: "No hay justicia cuando se persigue por ideas".
Otros mandatarios, sin embargo, optaron por el silencio. Ni festejos ni declaraciones. Solo ausencia. Un mensaje que, en sí mismo, habla mucho, así como de, una cautela política ante una decisión que puede polarizar aún más a una sociedad ya fragmentada.
Festejo inmediato: El entusiasmo del oficialismo
Por el otro lado, la alegría fue explícita. El presidente Javier Milei, acompañado por referentes de La Libertad Avanza (LLA), celebró el fallo como un paso hacia el "Estado de derecho", mientras que Mauricio Macri lo calificó como un "triunfo de la justicia independiente". En redes sociales, el eufemismo dio lugar a frases cargadas de emoción y hasta de desprecio hacia la expresidenta y su legado.
Este entusiasmo, sin embargo, contrasta con las críticas nacionales e internacionales que señalan el proceso como un ejemplo más de cómo el poder judicial sigue siendo utilizado como herramienta de ajuste político. Y aunque el Estado argentino debe avanzar en la consolidación de instituciones imparciales, este tipo de festejos generan dudas sobre el real propósito de quienes hoy celebran.
Un patrón histórico difícil de ignorar
Esta no es la primera vez que un sector del poder utiliza el aparato judicial para perseguir a líderes populares. Desde la proscripción del peronismo durante la dictadura militar de 1955 hasta los procesamientos selectivos de dirigentes kirchneristas en los últimos años, el esquema se repite: la criminalización de la política como método de eliminación de competidores ideológicos.
Durante décadas, el antiperonismo estructural ha construido narrativas que buscan desprestigiar a quienes defienden políticas redistributivas y derechos sociales. El término "cabecitas negras", utilizado peyorativamente por sectores conservadores, refleja esta visión elitista que busca marginar a los sectores populares del protagonismo político.
Hoy, con armas distintas, pero con el mismo objetivo, se repite el escenario. Esta vez, no son tanques ni manifestaciones civiles los que operan; son sentencias, causas judiciales y decisiones mediáticas que buscan debilitar al peronismo desde sus bases más visibles.
¿Avanzamos o retrocedimos como democracia?
Lo cierto es que no hay nada para festejar cuando una sentencia judicial se convierte en bandera electoral. No hay fortalecimiento institucional cuando la Corte Suprema se posiciona como árbitro de una guerra política. Y no hay madurez democrática cuando los sectores hegemónicos utilizan el aparato judicial para neutralizar a sus rivales.
Argentina necesita justicia independiente, pero también necesita entender que criminalizar la política no es avanzar, es retroceder. Y en ese retroceso, se ponen en riesgo no solo las figuras públicas, sino también las conquistas sociales y los derechos que han costado décadas defender.
Entre la historia y el presente, el futuro está en nuestras manos
Este episodio nos recuerda que, aunque los tiempos cambian, los actores y sus intereses siguen siendo los mismos. El antiperonismo no murió, simplemente mutó. Ahora opera bajo nuevas formas, usando tribunales, medios y redes sociales para continuar su cruzada contra el único movimiento político que logró articular una identidad popular en Argentina.
Pero también nos recuerda que la democracia no se sostiene solo con elecciones, sino con instituciones que respetan la pluralidad, la memoria y el derecho de cada ciudadano a elegir su futuro. Si queremos avanzar, debemos dejar atrás la idea de que hay un grupo privilegiado que decide quién puede o no gobernar.
Estas palabras no pretenden convencer, sino invitar a reflexionar. Porque en medio de la tormenta judicial, la verdadera victoria será que Argentina no se divida más, y que sepamos construir un país para todos.
¿Ustedes que opinan? ¿Es este fallo un paso hacia la justicia o un retroceso para la democracia? Dejá tu opinión en los comentarios.
