El FAF continúa la batalla en espera del pronunciamiento de La Corte
La disputa legal entre el Gobierno de Formosa y el FAF por la inconstitucionalidad del artículo 132 de la Constitución provincial llegaría a su punto culminante.
En un escenario político cada vez más tenso, el Frente Amplio Formoseño (FAF) presentó su argumentación ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, desafiando la legalidad de la reelección indefinida para cargos ejecutivos en Formosa. La diputada Agustina Villaggi, representante legal del FAF, expuso que el expediente está en manos de la Procuraduría General de la Nación, quien emitirá un dictamen que podría influir en el fallo del máximo tribunal.
El FAF, conformado por la Unión Cívica Radical (UCR) y el Movimiento de Integración y Desarrollo (MID), fundamentó su planteo de inconstitucionalidad, respondiendo a los argumentos presentados por la Fiscalía de Estado. Esta última había cuestionado la legitimidad para iniciar la demanda, argumentando que el partido no contaba con un candidato definido y que la Corte no tenía competencia originaria en este caso.
Villaggi refutó estas afirmaciones, citando el caso San Juan como precedente que respalda la capacidad del tribunal para decidir sobre la reelección indefinida.
La diputada enfatizó que el FAF cuenta con la legitimidad política necesaria para llevar a cabo este proceso, a pesar de las objeciones del Gobierno provincial. En su exposición, Villaggi destacó que la defensa del Ejecutivo se basa en la incompatibilidad de la Corte como instancia originaria y la declaración de la acción como abstracta, debido a un proceso de reforma constitucional en curso.
Con el expediente ahora bajo revisión del procurador Eduardo Casal, el futuro del artículo 132 de la Constitución provincial pende de un hilo. Aunque no hay un plazo definido para la resolución, la expectativa es alta, y cualquier fallo podría tener repercusiones significativas en el ámbito político de Formosa.
El conflicto entre el FAF y el Gobierno provincial no solo pone en juego la legalidad de la reelección indefinida, sino que también revela una estrategia más amplia de deslegitimación electoral.
La oposición haciendo un uso sistemático de las redes sociales, los medios hegemónicos de comunicación y las denuncias judiciales busca no solo deslegitimar al Gobierno local sino también desacreditar a los votantes formoseños, sugiriendo que sus decisiones están influenciadas por recursos estatales y que por lo tanto el pueblo no elegiría en base a su libre albedrio.
En conclusión, la resolución de la Corte no solo definirá el futuro político de Formosa, sino que también establecerá un precedente sobre la legitimidad de las acciones de ambos sectores políticos en un clima de creciente polarización.
