Prorrogan la emergencia energética en Argentina
El Gobierno Nacional extenderá la emergencia energética hasta el 9 de julio de 2025, afectando la regulación de tarifas y la intervención de entes reguladores en un contexto de crisis estructural.
El Poder Ejecutivo emitió el Decreto 1023/2024, que prorroga la emergencia energética en Argentina hasta el 9 de julio de 2025. Esta medida se aplica a la generación, transporte y distribución de energía eléctrica y gas natural, y busca asegurar la continuidad y sostenibilidad de los servicios públicos en un contexto de crisis estructural.
Se indicó que la normativa responde a la necesidad de que los órganos competentes continúen implementando medidas que garanticen la prestación de estos servicios esenciales.
A través del decreto se instruyó a la Secretaría de Energía a mantener los niveles de ingresos y cubrir las necesidades de inversión, asegurando así que los prestadores y usuarios cuenten con condiciones técnicas y económicas adecuadas.
Además, se decidió posponer la vigencia de los nuevos cuadros tarifarios, que resultan de revisiones iniciadas en 2023, hasta el 9 de julio de 2025. La normativa establece que la implementación de estos cuadros no podrá exceder dicha fecha y contempla mecanismos para fomentar la participación ciudadana en el proceso de adecuación tarifaria.
El decreto también prorrogó la intervención del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) y del Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS) hasta que se establezca el nuevo ente regulador, creado por la Ley 27.742.
En este marco, se invitó a las provincias a coordinar acciones con la Secretaría de Energía para mejorar la prestación de servicios eléctricos en sus jurisdicciones.
El decreto fue firmado por el presidente Javier Milei y refrendado por los ministros Guillermo Francos, Luis Petri, Mario Iván Lugones, Mariano Cúneo Libarona, Sandra Pettovello, Patricia Bullrich, Gerardo Werthein, Luis Andrés Caputo y Federico Adolfo Sturzenegger.
La prórroga de la emergencia energética en Argentina expone la gravedad de la situación en el sector, que enfrenta desafíos significativos relacionados con la sostenibilidad y la continuidad de los servicios.
Entonces, la decisión de postergar la implementación de nuevos cuadros tarifarios sugiere una preocupación por el impacto que posibles aumentos de tarifas podrían tener en la población, especialmente en un contexto económico complicado.
Además, la intervención de los entes reguladores sugiere que el Gobierno busca mantener un control sobre el sector mientras se trabaja en la creación de un nuevo marco regulatorio.
Sin embargo, esta situación también plantea interrogantes sobre la efectividad de las medidas a largo plazo y la necesidad de una estrategia más integral que aborde las causas subyacentes de la crisis energética en el país.
