El reciente decreto 873/2024, publicado en el Boletín Oficial este miércoles, declaró a Aerolíneas Argentinas como empresa sujeta a privatización. La medida ignora compromisos legislativos y podría agravar la crisis económica del país.
La administración de Milei justificó esta medida citando la Ley N° 23.696, que establece que cualquier iniciativa de privatización debe ser tratada con preferencia en el Congreso, argumentando la necesidad de redirigir los recursos fiscales hacia los sectores más vulnerables, en un país donde la pobreza afecta al 52,9% de la población."
La privatización de la Empresa no es una novedad; la aerolínea estuvo en manos privadas entre 1990 y 2008. Sin embargo, la actual situación económica y social del país es significativamente diferente.
La falta de regulación y el enfoque anarcocapitalista podrían llevar a un escenario donde los derechos de los trabajadores queden desprotegidos. Además, la decisión de privatizar Aerolíneas Argentinas contraviene lo acordado en la Ley Bases, que exige un proceso legislativo claro y transparente.
Al eludir este procedimiento, se generan incertidumbres no solo para los trabajadores de la aerolínea, sino también para los usuarios y las familias que dependen de los servicios del transporte aéreo.
La privatización podría resultar en la reducción de empleos y en un deterioro de la calidad del servicio, afectando especialmente a los sectores más vulnerables de la sociedad argentina que hacían uso de esta línea de bandera.
En conclusión, es fundamental que este enfoque, alineado con políticas anarcocapitalistas, sea objeto de un debate público amplio, para garantizar que las decisiones tomadas no comprometan la estabilidad económica y social del país.